La violencia de los “padres fundadores”.

por Osvaldo Torres G, Concejal PS, Miembro CC.

Las audaces palabras del ex jefe del Ejército han logrado reponer el tema de los derechos humanos en toda su dimensión.

Luego de 17 años de poner fin al régimen dictatorial, las FFAA no logran entender que los derechos humanos no son un arma política ni de la izquierda, ni del gobierno ni de potencia extranjera alguna. Los Derechos Humanos se han constituido en un fundamento de las relaciones sociales de cualquier sistema democrático y es esa la vara con la cual se deben medir los actos y los dichos.

Pero las FFAA tampoco han entendido, como otros tantos políticos, que la violación a los derechos humanos no son una cuestión del pasado. La pregunta que deben hacerse es: ¿Qué es el pasado si éste está presente constantemente en la vida política del país?. ¿Cómo es posible que se pretenda insistir en “olvidar el pasado” justamente por quiénes han hecho de la historia bélica del país parte de la historia nacional, de sus feriados, sus monumentos y sus ritos?. La respuesta posible sería que este pasado le haría bien al país porque nos une, nos da identidad y sentido de pertenencia a una misma comunidad; ahí esta ese pasado también presente cada 19 de septiembre, 21 de mayo o en las censuras teatrales.

Lo que le cuesta reconocer al Ejército y a las FFAA en general es que -como ahora lo reconoce Cheyre- fueron instigados por los “padres fundadores” a ejercer la violencia contra una parte de esa comunidad nacional; ejecutaron sin límites legales la idea de “refundar la nación” pero la dividieron al ponerse al lado de aquellos que hoy no quieren dar la cara. La violación de la Constitución democrática que –más bien que mal- también era parte de la identidad nacional del siglo XX chileno, así como lo es el edificio de La Moneda, son golpes que resquebrajan el sentido de unidad nacional. La demanda a tener un Ejército limpio de implicados en estos hechos y unidos por una doctrina democrática es el único camino para suturar la herida inflingida por aquellos padres.

Las violaciones a los derechos humanos ocurrieron hasta 1989 y la gravitación que aún tiene esa historia en el presente es porque no hemos sabido resolver ese pasado asumiendo las responsabilidades políticas, jurídicas, morales, colectivas e individuales. Hemos avanzado en el proceso mediante el cual se busca la verdad, que es permanentemente escamoteada por “documentos reservados”, “de seguridad nacional” o simplemente por ocultamiento (caso General Santelices, entre otros). Se han procesado a numerosos responsables de crímenes de lesa humanidad, pero hay muchos otros que siguen evadiendo la justicia. Pero lo que no se quiere entender, porque probablemente no se tiene aún una convicción democrática, es que no se trata de persecución ni venganza, simplemente de educación para el futuro, de lección aprendida para que quien vuelva a instigar la violencia inconstitucional o a ejecutarla tendrá la respuesta que merece, tarde o temprano.

Entonces cobra fuerza la pregunta sobre quiénes son esos instigadores, esos “padres fundadores” de una sociedad sometida a violentos cambios de forma sistemática durante 17 años. Sometidos a Tribunales sin encontrar amparo, sin sindicatos con los cuales defender un salario digno, con medios de comunicación presos de la censura o la sumisión entusiasta, o Universidades con rectores militares y estudiantes vigilados; con presos por disentir o luchar, sin salud pública decente o sometidos sin consulta a un régimen provisional perjudicial. Esos padres fundadores, el país lo sabe o intuye, son civiles poderosos que tienen los mayores ingresos y fortunas, que forman parte de la elite del país.

Este debate no terminará rápidamente, pues desmontar esas responsabilidades políticas y morales y señalarlas requiere de una sociedad y de dirigentes que comprendan que la política es el campo de la discusión, del debate sobre el pasado-presente y su futuro para construir consensos o dirimir las diferencias democráticamente. Pero lo que viene debilitando nuestro proceso democratizador es que los debates no se hacen o se hacen a medias y los acuerdos más que acuerdos semejan a renuncias a las promesas contraídas.

Es de esperar que esta coyuntura –media veraniega- no se desperdicie y se pueda abrir la discusión sobre las responsabilidades civiles en el período de violencia dictatorial. Incluida, entonces, la actitud del Estado y sus gobernantes respecto de aquellos que pretenden ser levantados como mártires de la democracia –como Jaime Guzmán-, cuando deben ser incluidos entre esos instigadores o “padres fundadores”.

El cuento de nunca acabar

por Osvaldo Torres Consejal del Partido Socialista

Uno se pregunta cómo es posible que a 17 años de construccióndemocrática podamos tener en el alto mando de las Fuerzas Armadas,responsables de la defensa nacional, a funcionarios que estuvieroninvolucrados directamente en violaciones a los derechos humanos aciudadanos de su patria.La respuesta no está ahora en que la transición ha sido difícil por lapresencia de Pinochet y su poder fáctico, pues ahora se argumenta lajuventud que tenían en esa época los hoy generales.

Los argumentos son distintos pero el resultado es el mismo: la debilidad de la institucionalidad democrática para imponer una ética a sus funcionarios.Este punto, particularmente en el plano de los derechos humanos, es muygrave. Lo que se ha trizado y está a punto de romperse, es la idea quenuestros funcionarios miembros del gobierno que hemos elegido, son partede una historia que se remonta al 11 de septiembre de 1973. Esa fecha,que incomoda a muchos, es la que está marcada en la historia del paíscomo el momento del quiebre de la institucionalidad y el inicio de un período de violencia unilateral jamás antes vivida por tan largo tiempoen la sociedad chilena.

Esa fecha es fuente de lecciones políticas profundas y variadas, perouna que no se puede olvidar, es que la democracia tiene una basesustantiva en el reconocimiento de la igualdad de derechos y de la dignidad humana. En esto no hay democracias a medias y las instituciones respetan esto o no lo respetan.

El general Gonzalo Santelices, responsable del Ejército en la Región Metropolitana -y no del aseo de la Municipalidad de Peñalolén-, está vinculado en los crímenes de la Caravana de la Muerte. Él no debióascender jamás hasta el lugar que lo hizo; esto reglamentariamente puede ser responsabilidad del Ejército, pero no es menos cierto que los gobiernos democráticos a través de sus ministros de Defensa, visaron todos los pasos.

Es inaceptable la tolerancia a la vulneración del criterio con el cual se asciende al grado de oficial superior en las instituciones armadas.Pareciera que no importa tener en su trayectoria, sucesos vinculados al atropello de los derechos humanos de chilenos.

Además tenemos el justo derecho a dudar del resto de los generales enlos que se han depositado las máximas responsabilidades militares delpaís. Estas dos cosas debilitan el sistema democrático y sus estándares de calidad.

En Chile hay muchos que resisten el seguir debatiendo sobre los temas dederechos humanos, o buscan situarlos como “pieza de museo”, restoarquelógico de una sociedad que ya no existe; un pasado de una sociedadno moderna, primitiva, superada por el actual estadio civilizatorio.Quienes así piensan valoran la paz actual y no quieren “más conflictos”.Pues bien, ese enfoque como discurso desde los funcionarios de laConcertación, debilita a la propia Concertación.

Dicho directamente: la Concertación está en el Gobierno porque aquellos que fusilaron sin juicio previo, que torturaron e hicieron desaparecer,vulneraron derechos de ciudadanos nuestros, de amigos y compañeras de luchas y ello deslegitimó sus posibilidades de conducir una sociedad democrática.Si ciertos dirigentes y/o funcionarios de la Concertación rompen su vínculo con la historia de nuestros muertos, romperán con lo que nos forjó como coalición democratizadora.

Si ciertos dirigentes siguen relativizando los criterios democráticos sobre los que se sostiene el sistema democrático ayudarán a demoler la confianza de la gente en lasformas pacíficas de resolver los conflictos. Si ciertos funcionarios creen que engañan a la opinión pública declarando que los jóvenes oficiales criminales no tenían criterio cuando mataban a otros jóvenes,están degradando el valor del respeto a la democracia entre los propios jóvenes de hoy.

Esta historia de nunca acabar podrá ser una lección política democrática cuando se enfrente la realidad: el criterio democrático no debe aceptar criminales en las filas de las FFAA, ni tampoco legitimar a quienes le dieron sustento político y jurídico.