GRANDES ALAMEDAS MANIFIESTO
El Chile de hoy nos ofrece un retrato paradójico. Un país transformado que devela en muchos de sus nuevos rasgos las huellas de los tres lustros de la gestión de gobierno de la Concertación con una cosecha sustantiva de éxitos que conviven con la persistencia endémica de una desigualdad secular; con un sistema político donde aún no logra restablecerse a plenitud el principio de mayoría y con un escenario cultural donde la solidaridad, la predisposición por los proyectos colectivos y el tejido gregario de nuestras relaciones sociales, se enfrentan día a día al imperio del individualismo, el consumismo y el descrédito de las instituciones políticas..... (Leer más)
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El Chile de hoy nos ofrece un retrato paradójico. Un país transformado que devela en muchos de sus nuevos rasgos las huellas de los tres lustros de la gestión de gobierno de la Concertación con una cosecha sustantiva de éxitos que conviven con la persistencia endémica de una desigualdad secular; con un sistema político donde aún no logra restablecerse a plenitud el principio de mayoría y con un escenario cultural donde la solidaridad, la predisposición por los proyectos colectivos y el tejido gregario de nuestras relaciones sociales, se enfrentan día a día al imperio del individualismo, el consumismo y el descrédito de las instituciones políticas.
I. El fin de un ciclo histórico
El Chile de hoy, tomando por año referencial el de 1990, es uno donde 7 de cada 10 estudiantes de educación superior provienen de hogares donde son la primera generación en lograrlo. Donde el 73% de los chilenos son propietarios de su residencia; donde la esperanza de vida ha pasado de los 69 a los 78 años al tiempo que la mortalidad infantil se redujo de 18 a menos de 10 por mil; donde el gasto social tanto en salud como en educación se han multiplicado por tres; donde la pobreza absoluta empinada en un 37,6% al final de la dictadura hoy alcanza al 13,7% de la población, mientras su núcleo en extrema marginalidad saltó en el mismo plazo del 12,9% al 3,2%.
El Chile gobernado por la Concertación ha visto construir un millón y medio de viviendas sociales, una nueva red vial de carreteras; ha visto multiplicarse la infraestructura pública sanitaria y la red de centros educativos fiscales. El Chile que hemos gobernado ha asistido, por nuestro impulso, al fin de la censura; la legalización del divorcio; la democratización de los gobiernos comunales; el fin de la tutela política militar; logros en justicia, verdad y reparación en materia de DDHH. 17 años de Concertación que nos han visto empeñados en asegurar y expandir libertades, en brindar estabilidad, paz y progreso, un legado inédito en la historia republicana.
Al mismo tiempo, este mismo país es uno donde la distancia en ingreso entre el 10% de sus habitantes más pobres y el 10% de los más ricos alcanza, en sus cálculos más benevolentes, en promedio las 36 veces (Banco Mundial). El 80% de los contratos de trabajo se suscriben por salarios inferiores a los 200 mil pesos y sólo 1 de cada 3 empleos son “decentes”, según la definición de la OIT, es decir, sueldo digno, contrato escriturado y cotizaciones previsionales al día. Hoy cerca del 80% las pensiones son por menos de 82 mil pesos, menos que la pensión mínima del Estado. En Chile la relación de gasto por niño entre la educación municipalizada y la particular pagada es de 5 a 1.
Entre tanto, el gobierno es mucho más pequeño en proporción a la economía que en 1970 y 1973, pero también que en 1987. El error de no haber puesto un límite a las concesiones mineras y de no haber establecido un sólido sistema de regalías por el uso privado del recurso ha costado miles de millones de dólares al Estado chileno, así como rebajas de impuestos y franquicias injustificadas.
Estos datos heterogéneos son los que configura el paisaje social del Chile contemporáneo. Son a la vez testimonio de lo obrado y de lo pendiente, y son también la evidencia del agotamiento de un ciclo político que ha logrado grandes realizaciones pero que evidencia también limitaciones estructurales para dar cuenta de los nuevos desafíos que emergen en el seno de un país distinto, justamente aquel que hemos transformado.
Gran parte de la tarea de la Concertación ha consistido en impugnar en los hechos esa orientación, en impregnar de sensibilidad social la gestión pública, en construir las bases de un sistema de protección social que sustraiga al ciudadano, en la provisión de sus derechos esenciales, de la condición de rehén de la lógica de mercado y de la precariedad en que hunde a los asalariados y a los excluidos, junto a disciplinarlos mediante el endeudamiento generalizado. Todo esto sin abjurar de la necesidad del rigor fiscal o amenazando los equilibrios macroeconómicos, que permiten mantener la casa ordenada para abordar sus necesarias transformaciones. Es un camino en marcha, que hoy avanza, en planos tan relevantes como la previsión, la salud, la educación, en rumbo claro, no sin dificultades cotidianas.
Estas dificultades, sin embargo, ya no sólo emergen como parte de la acción de nuestros adversarios y del ejercicio del poder económico y político por una minoría privilegiada. Es que incluso en las filas concertacionistas, y con frecuencia exasperante entre aquellos que ocupan espacios de responsabilidad en la conducción económica, pero también en dirigentes relevantes de la coalición y de nuestro propio partido, impera por acción u omisión una racionalidad tecnocrática neoliberal, que enfoca las políticas públicas desde la noción que los actores centrales son sólo el mercado y los grandes empresarios y que la acción contra las desigualdades debe permanecer con un alcance marginal.
Para la gran mayoría de quienes constituimos la Concertación esa es una situación inaceptable, que contrasta contra los acuerdos básicos que nos vieron emerger como coalición y confrontan el compromiso a los ciudadanos que hemos hecho a través de nuestros programas de gobierno.
Es un enfoque que no se hace cargo de los brutales niveles de exclusión social y que se niega a problematizar el dato cierto de que sigue vigente el predominio avasallador del capital concentrado en pocos conglomerados hegemónicos en los principales mercados.
Es un enfoque que no se cuestiona la contradicción insalvable que supone una agenda política que aspira la construcción de un Estado Social y Democrático de Derecho con niveles de gasto público que tímidamente se empinan apenas por el 20% del PIB (versus 37% de Japón o el 54% de Francia), y que se aterra con la insinuación de que ya es impostergable una reforma tributaria que acorte las brechas impresentables que Chile ostenta en materia de distribución de la riqueza.
Es hora de que quienes sustentan este credo compitan en el foro de la política, frente al cual no esconden su desprecio, haciendo transparentes sus convicciones. Resulta fácil pontificar la “verdad única” de la sociedad de mercado sin haber encarado nunca a los ciudadanos, parasitando a las organizaciones y liderazgos que cotidianamente se empeñan en renovar el acuerdo de representación con las y los chilenos de a pie, cuya labor menosprecian y sobre cuyos hombros terminan detentando un poder desproporcionado.
Limitaciones se develan también obvias en nuestro régimen político, en las fronteras ya estrechas del modelo de desarrollo nacional, en la capacidad de asimilar y encauzar los cambios culturales que han operado en la sociedad y en las herramientas disponibles para encarar el brutal déficit de equidad.
La apuesta de recuperación pacífica de la democracia desde el diseño institucional de la dictadura, impuso restricciones y procedimientos que burlaban el principio de mayoría. Brindaban garantías de estabilidad al tiempo que oponían obstáculos permanentes a la agenda de cambios que estaban en la base del encuentro de las fuerzas políticas que convergieron en la Concertación. Este camino además, paulatinamente prescindió del protagonismo de la sociedad civil. Se fue articulando desde arriba, abonando a un déficit agudo de participación popular y descrédito creciente de las instituciones de representación democrática.
Con enormes esfuerzos y en plazos exasperantes logramos desatar algunos de los nudos más impresentables de la institucionalidad heredada, pero a un ritmo y con unos resultados que están por debajo de las expectativas de los ciudadanos y de quienes abrazamos la vida política desde la ética de la convicción en los principios democráticos. Seguimos padeciendo de un déficit de representación que impide dar cuenta de la diversidad de nuestra sociedad en las comunas, las ciudades, las regiones e incluso, merced a la persistencia del sistema binominal, en el parlamento.
Este último suma a su restringida pluralidad el dilema de sus limitaciones estructurales, al estar constitucionalmente inhibido de generar iniciativas que supongan el gasto de recursos, sometiéndolo a un rol subordinado entre los poderes del Estado cuya evidencia cotidiana abona a la erosión de su prestigio, y al del quehacer político.
En contraste, fiel a su génesis autoritaria y personalista, la carta fundamental consagra un presidencialismo agudo que supone radicar en la cabeza del ejecutivo la triple condición de jefe de Estado, Gobierno y líder de las fuerzas políticas que respaldan su gobierno.
El hiperpresidencialismo chileno es un sistema arcaico y poco eficiente, cuyos fundamentos tienen mucho más que ver con los traumas del pasado que con las exigencias del presente y el futuro. Este era un diagnostico ampliamente compartido por la gran mayoría de los lideres de la Concertación hacia finales de los 80.
Es perfectamente comprensible que el debate en vista a su puesta en práctica haya sido postergado mientras Pinochet continuaba desempeñando un rol político relevante a la cabeza de la comandancia en jefe del ejército. En las nuevas condiciones del país, todo aconseja abrir el debate sobre el régimen político e intentar rescatar los consensos que hacia finales de los 80 apuntaban a la necesidad de establecer un régimen semipresidencial.
Más allá de la voluntad de los presidentes, el presidencialismo ha jugado un papel muy negativo en el desarrollo institucional del país. El Congreso Nacional y los partidos políticos, las instituciones por excelencia de la democracia, han sido sus principales victimas.
En realidad, es imposible pensar en un mejoramiento sustantivo de la calidad de la política sin una interrogación a fondo sobre los condicionamientos estructurales que han producido su deterioro. Y a su vez, es difícil imaginar que el país pueda enfrentar con éxito las exigencias del desarrollo en un cuadro en donde las instituciones democráticas de degradan, el debate pierde espesor, priman las descalificaciones y se reducen al mínimo las posibilidades de acuerdo.
A su vez persiste un entramado legal inamovible que asegura poder de veto a la minoría política respecto a las iniciativas de transformación progresista. Esta suma de adversidades ha ido horadando la confianza de los ciudadanos en la capacidad transformadora de las instituciones republicanas y, en consecuencia, malogrando le reputación de la acción política.
A este resultado también ha ayudado la fragilidad y timidez de nuestros esfuerzos en aras a una efectiva descentralización, especialmente en el ámbito regional. Proceso que anota logros significativos en su dimensión administrativa, pero una deuda apreciable en la de la política. No hemos podido hacer efectiva, sino a cuentagotas, la voluntad mayoritaria de traspasar efectivas capacidades, decisión y los recursos correspondientes a los territorios. Frente a estas falencias y conductas, debemos una explicación a los chilenos, de las que este manifiesto se propone hacerse cargo, y, como fuerza política orientadora que debemos ser, señalar una dirección hacia la cual caminar.
II. Hacia un nuevo contrato con la sociedad
La estrategia, base del proceso de recuperación democrática, de asumir, transformándola paulatina y sustantivamente, la institucionalidad autoritaria, ha llegado a punto muerto. Sirvió a su propósito original de desalojar al dictador, limitando el sacrificio de más chilenas y chilenos, pero tras 17 años y en la perspectiva de cumplir 20 años de gobierno, el ciclo de la adaptación y reformas no da para más. El Chile que emergió de los gobiernos democráticos reclama, a la luz de sus éxitos y dificultades, un nuevo contrato. Uno que no arrastre el pecado original de haber sido concebido en ausencia de la voz de la soberanía, para la protección de aquellos grupos privilegiados que fueron promotores, soporte y beneficiarios de la dictadura. Uno que recupere sentidos para la acción colectiva. Uno que repolitice nuestras relaciones sociales.
1. Nueva Constitución: Asamblea Constituyente
Cuando nos acercamos a conmemorar los 200 años de vida independiente, bien vale la pena proponernos fijar esa fecha como marco para, por primera vez en la historia de la república, alumbrar una constitución que lleve la firma de todos por la vía de una asamblea constituyente.
Esta opción no sólo se justifica por las insalvables trampas que tiende a las mayorías el entramado actual de la institucionalidad política, sino también por la consagración que contiene respecto a un proyecto de desarrollo que restringe al mínimo la participación del Estado, prescinde de toda opción seria por la equidad y encarna sin cortapisas el credo económico liberal de sus autores. Esta es una constitución, que entre otras cosas, impide a los parlamentarios apoyar a los trabajadores chilenos que ejercen sus derechos, o que impide a los dirigentes sociales ser representantes en el parlamento. Simplemente estas cosas no pueden seguir en la carta fundamental de la nación, si queremos que los chilenos le tengan algún aprecio a sus instituciones.
La primera tarea de una instancia constituyente deberá ser reescribir, a la luz del moderno constitucionalismo, los derechos y deberes en el ámbito civil, político, económico, social y cultural, consagrando un Estado democrático y social de derecho. La segunda tarea deberá ser delinear un sistema político semipresidencial, con una institución presidencial que se ocupe privilegiadamente de la representación exterior y la defensa del país y de las grandes orientaciones del desarrollo nacional, con un primer ministro a cargo de la gestión de gobierno y que goce de la confianza del parlamento, que a su vez debe ser representativo de las grandes opciones ciudadanas y dar lugar a la expresión de las minorías significativas. Nuestro Estado unitario debe descentralizarse con gobiernos regionales cuyas autoridades deben ser electas, con mayores facultades en su tarea de promoción del desarrollo regional, así como debe crearse autoridades metropolitanas y fortalecer el rol de los municipios. Debe consagrarse la existencia de un Consejo Económico y Social cuya consulta sea obligatoria para todas las leyes con contenido en ese ámbito. Debe consagrarse la iniciativa popular de ley y el referendo impugnatorio de las leyes votadas por el parlamento.
Una nueva constitución debe recoger muchas de las reformas ya realizadas desde 1990, ser breve, coherente y representativa de una nueva etapa de la vida del país, signada por el optimismo y la confianza en la soberanía popular, capaz de aprender de la historia y de consagrar instituciones eficaces en la defensa y promoción de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
2. Un nuevo modelo de desarrollo
Nos contamos entre quienes creemos que la economía es un medio para propósitos sociales esenciales: la igualdad, la justicia, la realización de proyectos de vida plenos, la felicidad, la paz, la preservación del mundo para las nuevas generaciones. No es un fin aritmético. Nos contamos entre quienes creemos, como lo compartió la Concertación en su origen, que parte insoslayable de nuestra responsabilidad es alumbrar un nuevo modelo de desarrollo nacional que sea el reflejo de nuestra común convicción emancipadora, que provea oportunidades, condiciones laborales y relaciones sociales que beneficien a las mayorías.
El nuestro no es un inconformismo atávico. El socialismo chileno nunca lo ha sido. Ya de la mano de Eugenio González dejamos testimonio de nuestra capacidad de interpretar una realidad cambiante con fidelidad a nuestras motivaciones básicas pero sin concesiones al dogmatismo de parroquias ideológicas ortodoxas. El legado que Salvador Allende nos dejó a lo largo de su vida política abunda en lecciones del mismo tenor.
Cuando decimos nuevo modelo de desarrollo hablamos por cierto de empoderamiento del trabajo frente al capital, de extensión de la negociación colectiva, de avances sustantivos en sindicalización pero hablamos también de una apuesta nacional en investigación y desarrollo, de estimulo a las PYMES, de multiplicación de fuentes de capital semilla, y de una manera muy central, de la incorporación de Chile en las áreas dinámicas de la economía del conocimiento.
Cuando hablamos de nuevo modelo de desarrollo decimos economía abierta pero donde el capital nacional y extranjero se ciñan a estándares laborales, medioambientales, tributarios y comerciales que no admitan utilidades que se explican por abusos y prácticas inadmisibles en sus mercados de destino y, lo que es más importante aún, que no atropellen la dignidad que merece el patrimonio físico y social de Chile.
Cuando hablamos de nuevo modelo de desarrollo no invocamos el autismo frente a la evidencia de la globalización, pero tampoco renunciamos al potencial de la política y nos empeñamos en que Chile, desde la modestia pero también el prestigio de su posición, contribuya al esfuerzo de dotar al mundo de los urgentes y remozados instrumentos reguladores que permitan gobernar el mercado.
Cuando invocamos una senda distinta para el desarrollo de Chile no negamos el potencial inmenso que emerge de la explotación de nuestros recursos naturales, lo que hacemos es afirmar que el compromiso con las generaciones futuras impone obligaciones de sustentabilidad más exigentes, imperativos éticos que no pueden ni deben ser librados a la azarosa voluntad del capital.
3. Una nueva plataforma económica y social.
Debemos sacudirnos del minimalismo en el que ha caído la izquierda reformadora y el socialismo en particular. Debemos proponernos una nueva plataforma de cambios sociales y económicos, que comprende –entre otras- medidas como las siguientes:
- consagrar una negociación colectiva supraempresa, con el sindicato como interlocutor necesario de los empresarios;
- aumentar sostenidamente el salario mínimo;
- establecer la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, ampliando su derecho a la información sobre la marcha de la empresa mediana y grande mediante directores laborales;
- ampliar a un año los beneficios del seguro de desempleo, y establecer un ingreso mínimo de inserción para los desempleados de larga duración, que complemente capacitación con empleos de utilidad social;
- apoyar un pilar solidario de base amplia en el nuevo sistema de pensiones, aumentar el aporte patronal para sustentarlo, de manera que la capitalización individual se constituya en un pilar complementario.
- ampliar el gasto en salud y las garantías AUGE, con un plan nacional de construcción de consultorios con especialidades básicas junto a una recuperación de la atención en los hospitales con más recursos humanos y equipamiento;
- terminar con el subsidio a la educación lucrativa y establecer corporaciones públicas de educación en el territorio provincial y regional con el mandato y los medios diferenciados para garantizar el derecho a una educación de calidad;
- ampliar el acceso a la banda ancha y a computadores portátiles de bajo costo;
- ampliar el gasto en equipamiento urbano e interurbano y establecer sistemas públicos de transporte urbano en todas las ciudades del país que lo ameriten, dejando de incentivar el transporte vehicular privado y contaminante;
- establecer un mecanismo efectivo de acceso al crédito y formalización para las empresas sin historia y las empresas pequeñas e innovadoras;
- establecer canales de distribución de apoyo al pequeño comercio y la empresa de pequeña escala;
- disminuir el IVA a los consumos populares más significativos y ampliar las acciones colectivas en defensa de los consumidores.
Realizar una plataforma de este tipo supone, qué duda cabe, más recursos permanentes del Estado y emplear en inversión social y productiva los recursos extraordinarios. Esto supone:
- terminar con el superávit estructural de 0,5% del PIB y pasar a un esquema contracíclico de balance estructural;
- terminar con la mayoría de las franquicias tributarias en el impuesto a la renta y en el IVA;
- cobrar regalías al uso de todos nuestros recursos naturales, con valores variables según el precio;
- constatar que para el futuro económico de Chile, el cobre seguirá siendo determinante, que éste no es inagotable y que sus precios se mantendrán elevados mientras persista el nuevo rol de China e India en la economía mundial. Esta bonanza no debe regalarse a los accionistas de un puñado de multinacionales que se están enriqueciendo indebidamente con un recurso que es nacional. En estas nuevas condiciones, es indispensable poner término a las concesiones indefinidas y redefinir el aporte al Estado de la minería de gestión privada.
Cuando nos atrevemos con responsabilidad a imaginar y proponer un Chile diferente, más cohesionado y armónico, más justo y equitativo, lo hacemos valorando el emprendimiento y el quehacer privado, pero restituyendo con fuerza un rol activo del Estado que permita hacer efectiva su condición de garante del interés general, librándolo del hostigamiento ideológico de quienes, cautelando sus privilegios, se han empeñado en su retirada, su jibarización y timidez, su minimización permanente.
No es este un ejercicio de voluntarismo. Es más bien uno de realismo: cambios sustantivos en nuestro sistema político y en el entramado económico de Chile recogen las necesidades y demandas de una sociedad que ha cambiado culturalmente a un ritmo mucho más veloz que los límites que le imponen sus instituciones.
Un país donde el asociativismo adopta nuevas expresiones, donde la tolerancia y el valor de la diversidad se han integrado al repertorio cotidiano de los chilenos, al tiempo que la demanda sobre viejos y nuevos bienes públicos se torna más activa, adopta mayor volumen y un protagonismo que tiende a superar las mediaciones tradicionales.
Hay una nueva agenda de transformaciones para Chile.
III. La tarea del socialismo
En su base subyacen las motivaciones permanentes del socialismo permeadas por el devenir social con rostros distintos. Desafiándonos una vez más a la originalidad pero también a la eficacia y a la cohesión.
No esta en duda la vigencia de nuestras convicciones. Hoy más que nunca estas demuestran su vitalidad en el foro público. Distribución de la riqueza, derechos laborales, protección social son los temas centrales del debate contingente y debemos sentir legítimo orgullo por haber empeñado siempre en ellos nuestros esfuerzos. Nadie puede disputar a los socialistas su consistencia en materia de justicia social.
Lo que esta en duda es si podemos hacer más y con más eficacia. Y detener el deterioro del instrumento partidario en nombre del pragmatismo y su transformación en instrumento de poder grupal e individual.
Es una afirmación dura pero demostrable y se expresa palmariamente en dimensiones esenciales para cualquier organización: unidad y calidad de la convivencia. Ambos valores, desgraciadamente, erosionados por el imperio del sectarismo, la intolerancia y la paulatina pérdida de confianza entre quienes constituimos la vida interna partidaria.
Democracia, justicia, participación, tolerancia y respeto a la diversidad, valores centrales de la oferta de transformación que proponen los socialistas tienen por test elemental su pleno ejercicio entre nosotros. Suponer que podemos renovar nuestro pacto de representación con las chilenas y chilenos que comparten nuestros valores y aspiraciones de izquierda sin dar testimonio cotidiano de nuestra capacidad para actuar y convivir ceñidos a estos es subvalorar la capacidad ciudadana. Izquierda se conjuga en hacer, no solo en decir y esta distinción se valora y castiga en sociedades, como la nuestra, crecientemente informadas y atentas.
Esta brecha se ha ensanchado en el curso de los últimos años de la mano de la responsabilidad de quienes, tras conquistar legítimamente la conducción han interpretado ese mandato como uno que los habilita para prescindir del aporte y la opinión del resto de los socialistas.
Esta conducta ha propiciado, en los hechos, un quiebre interno que reclama urgente corrección. Tras el impulso unitario que acompañó la recuperación democrática no se había vivido nunca en nuestro seno una situación de tan aguda polarización y distancia. Nunca se había marginado a sectores tan amplios de la responsabilidad colectiva de dirección.
Las consecuencias están a la vista. Múltiples liderazgos expresando sin articulación iniciativas y propósitos que la sociedad interpreta, razonablemente, como señal de desorden. La ausencia de consensos básicos en materias centrales. La irrupción precoz e imprudente de apuestas presidenciales cuando aún no transitamos la mitad del actual mandato. La incapacidad para orientar la acción común de la Concertación.
En este periodo, con una de las nuestras al mando del país, con un programa que hace énfasis en la orientación social que nos interpreta, con condiciones económicas inmejorables, el PS ha desempeñado un papel que esta claramente por debajo de las expectativas más modestas.
La misión del PS en los próximos dos años será asegurar el éxito del Gobierno de la Presidenta Bachelet. En esto no hay dos visiones en el Partido.
Colaborar con el gobierno significa apoyar, proponer y criticar lealmente lo que no esté funcionando bien. De esta manera se está verdaderamente comprometido con un gobierno, no manteniendo en la inmovilidad y la inacción a la militancia partidaria, ni menos al movimiento social en sus diversas expresiones. El PS es un partido de gobierno que lucha contra todas las injusticias. Por ello el socialismo no debe temer al debate, pues este enriquece y asegura la realización del programa de transformación ofrecido por la Presidenta Bachelet, al que adherimos plenamente.
El socialismo debe ser a la vez participativo, transparente y dotado de una estructura institucional sólida y respetada por todos. No queremos más caudillos y grupos de poder por el poder. Queremos fraternidad y espíritu inclusivo. Ello implica una reforma partidaria en profundidad que asegure:
i. aumentar la autonomía política de las regiones, entregándoles el poder de seleccionar a los candidatos partidarios a los distintos cargos de elección popular; ii. reorganizar el Comité Central y sus secretarías, de forma que pueda llegar a ser realmente el órgano que entrega los lineamientos estratégicos del partido; iii. fiscalizar eficazmente la transparencia de los actos eleccionarios del partido; y iv. abrir simultáneamente el partido a la sociedad, los movimientos sociales y sus dirigentes.
Es claro que uno de los grandes problemas del Partido Socialista de Chile hoy, es que es una orgánica absolutamente clausurada a la sociedad, y en el que la falta de debate y participación va creando un clima de intolerancia y deslealtad que nada tienen que ver con los grandes valores que todos decimos profesar.
Es urgente repolitizar al Partido, recuperar su dimensión de crisol de pensamiento crítico, debate teórico y reflexión. Resulta inaplazable el recuperar su potencia creativa, su capacidad de imaginar horizontes futuros. Ubicar de nuevo en el centro de su preocupación a la sociedad y no sólo al Estado. Reanimar su vocación por pensar la Política y la Sociedad y no sólo las políticas públicas. Volcar sus capacidades en comprender las dinámicas nuevas que en nuestros tiempos determinan a la sociedad y el individuo. Restituir su propósito original de servir de instrumento para construir sentidos al quehacer colectivo.
El socialismo del futuro debe ser abierto al mundo, enraizado en la sociedad y tolerante. Ello implica entre otras cosas: abrirse a la interacción con el sindicalismo, los grupos ciudadanos, la representación de nuestros pueblos originarios y movimientos sociales diversos que permanentemente puedan dar opiniones a las instancias decisorias del partido, mejorar la coordinación política entre todas las orgánicas del polo progresista y movimientos sociales de izquierda, atreviéndonos a imaginar una Concertación ampliada; persistir en una lógica de integración latinoamericana que sea tributaria de los principios de colaboración solidaridad, historia y cultura común, no condicionada unidimensionalmente por los intereses de la economía.
Somos un grupo de compañeras y compañeros de trayectorias y recorridos heterogéneos, expresión de la rica diversidad que aloja la casa común de la izquierda chilena que es el Partido Socialista, empeñados en la refundación de nuestro instrumento político inspirados en el diagnóstico y propuestas aquí plasmadas. Somos un ejemplo claro de la necesaria superación de las tendencias, devenidas en meros grupos de poder, pues nos animan pasados distintos e ideas comunes sobre el presente y el futuro. Armados con este cuerpo de ideas, somos una corriente abierta y democrática, plural en sus expresiones, que nos proponemos transparentemente, junto a las y los muchos militantes a quienes interpretan, conducir el próximo decisivo periodo de actuar político de nuestro partido.
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