Seminario : MEMORIA Y JUSTICIA: la infame historia de la Escuela de las Américas.
12 de diciembre 2007, Universidad Academia de Humanismo Cristiano
Este es un seminario de Memoria y Justicia y haciendo honor a este gran título, he llamado a esta intervención :
- El Informe Rettig dado a conocer el 8 de febrero de 1991 y el Informe Valech de Noviembre 2004 coinciden en señalar que en Chile durante los 17 años de dictadura, se violaron masiva y sistemáticamente los derechos humanos fundamentales, es decir, aquellos relacionados con el derecho a la VIDA.
- Que en la violación de tales derechos, miembros de las ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile, así como agentes civiles especialmente reclutados para el efecto constituyeron los equipos de la policía política, que en su calidad de agentes del Estado, perpetraron graves e irreparables violaciones a los derechos de las personas y a su integridad física y psicológica. Todo ello acompañado de la total restricción, muchas veces, de las libertades públicas e individuales
- En esos mismos informes se señala que el Estado chileno perpetró más 3 mil atentados a la vida; entre ellos, se cuenta más de mil detenidos desaparecidos. Sabían ustedes que 60 de los detenidos desaparecidos, eran niños y jóvenes. Que 70 eran mujeres, que la mayoría de ellas tenían entre 21 y 25 años. La mayor de las mujeres detenidas desaparecidas tenía 65 años y fue detenida cuando visitaba a su hija en un campo de concentración; se llamaba María Julieta Ramírez. Que la menor de las mujeres desaparecidas en Chile, tenía 8 meses de edad; se trata de Claudia Victoria Poblete Hlaczik que viajaba junto a sus padres desde Chile a Buenos Aires, desapareciendo los 3 en 1977. Sabían ustedes que de estas 70 mujeres, 10 estaban embarazadas? Algunos niños y niñas se sabe que nacieron en cautiverio, pero no se conoce su paradero. A la fecha, solo uno de estos niños ha sido recuperado.
- En noviembre de 2004, el país supo que cerca de 35.000 testimonios de tortura fueron entregados a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. La voluntad política del Gobierno de Lagos, se limitó a reconocer a los sobrevivientes de tortura que había sido presos políticos, es decir, luchadores sociales, detenidos por pertenecer a los partidarios del Gobierno de Salvador Allende o militantes de la resistencia a la dictadura o niños detenidos junto a sus padres. Sólo ellos alcanzaron finalmente un universo cercano a las 30 mil personas. Este reconocimiento fue realizado a más de 30 años del golpe de Estado y a 14 años de los gobiernos dichos “democráticos”; este reconocimiento dejó una gran deuda con las personas torturadas en las poblaciones, en las fábricas, en las calles durante las protestas de los 80; la tortura ejercida en las propias viviendas de los afectados y las secuelas de malos tratos, de tratos crueles inhumanos y degradantes que afectó a toda la sociedad chilena; porque la tortura tiene esa doble faceta, la de producir un doble efecto y ser a la vez, transgeneracional; es decir, no sólo afecta a quien la vive, sino a todo el círculo cercano que rodea al torturado y a la generación de su descendencia; la dictadura requería dar lecciones de “castigo” y “escarmiento” “ejemplares” a los opositores, a fin de aterrarlos, paralizarlos y atomizarlos; muchas de estas lecciones ejemplificadoras cobraron impacto nacional e internacional; hubo un momento en que a la dictadura no le bastaba con detener, torturar, ejecutar y hacer desaparecer a los dirigentes, a los militantes que se reorganizaban en la resistencia y en los partidos populares, ni reprimir a los miembros de las organizaciones sociales, sino que le fue necesario amedrentar y horrorizar planificadamente a toda la población; es así como hemos conocido que esa planificación tuvo múltiples facetas, entre los que se cuentan el asesinar a personas para cubrir asesinatos políticos, degollar, quemar vivas a personas rociándolas con bencina, hacer explotar seres humanos, en Chile y fuera del país; inhumar y exhumar cuerpos clandestinamente, etc, etc, etc…múltiples y variados fueron los métodos utilizados para frenar toda oposición y castigar al pueblo y sus organizaciones sociales y políticas. Por ello, con certeza se llama a esta acción de sometimiento planificado a través del miedo, Terrorismo de Estado.
- Para llevar a cabo esta política del Terrorismo de Estado se habilitaron a lo largo y ancho del país y, según el propio Informe de Prisión Política Tortura, más de 1200 centros clandestinos de tortura o cárceles secretas; allí, los agentes del Estado, funcionarios públicos, cuyos sueldos eran pagados por todos los ciudadanos, tenían como función detener, torturar, asesinar personas y hacer desaparecer sus cuerpos. La tortura fue el método por excelencia usado por la represión: la tortura, fue la antesala de la desaparición forzada de personas y de la ejecución de prisioneros. Este crimen de lesa humanidad se convirtió en el eje de la acción represiva durante la dictadura.
- Los centros secretos también fueron clasificados: estaban los de exterminio, los de tránsito, los de detención y torturas; todas las acciones represivas de los agentes de seguridad eran coordinadas por el Ministro del Interior; uno de ellos, Sergio Fernández que ocupó un banquillo en el Parlamento post dictadura; Otro de estos coordinadores de la represión fue Onofre Jarpa quién recibe hoy una pensión de exonerado político; este personaje, han de recordar ustedes, sacó 15.000 soldados caras-pintadas para sembrar el terror durante las protestas de los años 80, en Santiago; el resultado? : cerca de una docena de niños fueron asesinados por balas en agosto del año 83 en los barrios populares de Santiago. Eso por nombrar a 2 de estos coordinadores de la represión política, Ministros del Interior, civiles, que aún no compadecen ante la justicia por sus responsabilidades políticas, administrativas e intelectuales en la comisión de crímenes de lesa humanidad… para refrescar la memoria.
- Los equipos de la policía política eran Equipos multidisciplinarios, compuestos por militares, policías y civiles donde además habían médicos, periodistas, enfermeras, camarográfos y fotógrafos, por nombrar sólo a algunos profesionales que formaban parte del engranaje represivo. Eran equipos de tortura y muerte, algunos de los cuales hoy han roto sus pactos de silencio y permitido avanzar en las investigaciones y procesos abiertos en los tribunales; otros, sólo cobran dobles pensiones: una por su carrera militar y otra, por estrés post traumático a raíz de sus esmerados “servicios” prestados a la patria.
- La pregunta que cabe hacerse, luego de este apretado recuento es:.......(Leer todo el documento)
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1 comentario:
1. La pregunta que cabe hacerse, luego de este apretado recuento es:
¿Nuestros actuales militares son distintos de los militares que actuaban bajo el mando de Pinochet en dictadura?
¿Cómo funcionan sus estructuras mentales, que les permite cometer tales crímenes?
Hoy en la formación de los policías y militares se ha integrado la asignatura de los Derechos Humanos.
¿Podrá la enseñanza de los derechos humanos cambiar la mentalidad de estos sujetos?
Daniella Mirone, psicóloga de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano señala en su libro “Violencia Política, aproximaciones a una lectura etnopsicoanalítica de la tortura como experiencia traumática” publicado por Castalia en 2006, dice…”no se nace torturador, se deviene tal por la construcción deliberada e intencional -en el verdugo- de la pérdida de la capacidad de empatía. La pérdida de esta capacidad es un punto de llegada, el final de un proceso de desafiliación con el mundo común y de afiliación a un mundo decididamente aparte. Pero antes de la interrupción de esta capacidad de empatía, se procede a un incremento del conocimiento y de la capacidad de predecir el pensamiento de los otros, y la necesidad de pensar al otro como un no-humano”.[1]
En 1990 el sacerdote norteamericano Roy Burgeois, impactado por los crímenes cometidos por ex-alumnos de la Escuela de las Américas, creó SOA-Watch, vale decir, el Observatorio de la Escuela de las Américas. El movimiento hizo denuncias públicas sobre la “escuela de asesinos” y organizó protestas pacíficas y en estos 16 años de acciones y denuncias, Roy Burgeois y otros activistas han sido reprimidos y encarcelados.
Sin embargo, en 1996 el movimiento logró filtrar a la prensa norteamericana manuales de entrenamiento utilizados en la academia militar, en los que no tan sólo se aconsejaba la aplicación de tortura, sino, además, se capacitaba en la ejecución de diferentes técnicas físicas y psicológicas, entre otros conocimientos especializados. El escándalo que provocó esta información motivó al Congreso de EE.UU. a decretar en el año 2000 el cierre de la institución. (que luego abrieron bajo otro nombre y en otro lugar, pero con igual función y propósito).
Los militares chilenos tienen el dudoso prestigio de contarse entre los más asiduos concurrentes a la Escuela de las Américas. Desde 1951 más de 3.500 oficiales y suboficiales chilenos han pasado por sus aulas. Allí se formaron Manuel Contreras, creador y jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, y Humberto Gordon, director de la CNI, sucesora de la DINA, y numerosos agentes hoy procesados por su activa participación en graves violaciones a los derechos humanos, como Miguel Krassnoff, Alvaro Corbalán, Carlos Herrera Jiménez y Armando Fernández Larios.
Es preciso comprender que la nefasta influencia ejercida por la formación impartida en las academias militares tanto chilenas como norteamericana no depende tan sólo de que se dicten o no cursos sobre técnicas de tortura o cursos sobre derechos humanos. La instrucción en métodos concretos de tortura, por muy grave que sea, constituye sólo un aspecto circunstancial. Lo fundamental en la formación de un potencial torturador está dado en el modo cómo se moldea su espíritu, concretamente su espíritu de cuerpo, ése que distancia al militar de la sociedad civil y tanta es la distancia que en Chile, no han dudado al hablar de la “familia militar”. En su formación, al mismo tiempo que se fomenta su orgullo de ser soldado, se alimenta el desprecio por la sociedad civil, en especial por los sectores progresistas, por aquellos que luchan por los derechos económicos, sociales y culturales. Quien está imbuido del orgullo de formar parte de los “salvadores de la patria”, quien identifica a la “patria” con el modelo político y económico imperante, será herramienta fácilmente dispuesta a combatir y a destruir a cualquiera que a su entender esté atentando contra ella.
Por ello, a nuestro juicio es inútil esperar, por ejemplo, que el actual comandante en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta, quien como un ex alumno más de la Escuela de las Américas y de las academias militares chilenas, que comparte por tanto, el mismo espíritu de cuerpo, , es inútil digo, pueda mirar con ojos críticos, primero, la formación que en sus aulas se imparte y, segundo, los atropellos cometidos por sus compañeros de armas o quizás por el mismo, porque debemos recordar que los tenientes del 73 son el alto mando de hoy.
Baste recordar cómo ese espíritu de cuerpo quedó de manifiesto durante el funeral de Pinochet, hace un año, cuando comentando esta situación en una entrevista periodística, el analista del Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad ARCIS, Carlos Gutiérrez, remarca que “la institución militar, hablando genéricamente, es un tramado organizacional muy complejo, que está compuesto no sólo de codificaciones legales que regulan casi todos los aspectos de su vida y desarrollo, […] sino también, y quizás con tanto más fuerza que lo anterior, de un conjunto de códigos, lenguajes, discursos, simbolismos que están ambientados en una estética que le da soporte carismático, que le refuerza la idea primigenia de un grupo selecto de la sociedad, que se expresa en su autodefinición como una profesión vocacional como ninguna otra”.[2]
En este marco es coherente que las fuerzas armadas sigan interpretando el 11 de septiembre como “’gesta’ iniciática que abre un período de sacrificio […] que culmina con el éxito de la ‘misión’ –la visión paroxista del ethos militar- que es haber hecho de Chile un estado moderno y desarrollado”.[3]
Por eso, ante la “grandeza” de la obra de Pinochet, para el general Oscar Izurieta la situación de los derechos humanos sólo constituye “el aspecto más controvertido de su gestión” (ibid), como señaló en su despedida del dictador.
Dados así los hechos, de nada han servido los cursos de derechos humanos ofrecidos, si las fuerzas armadas siguen considerándose entes superiores y son incapaces de comprender que la dignidad es inherente a todo ser humano por igual y que el respeto a la dignidad humana debiera ser el principio fundante de su accionar; si continúan convencidas de que el fin justifica los medios, incluso cuando esos “medios” son la tortura, el asesinato, la desaparición forzada, a los que sólo reconocen ser “aspectos controvertidos”, pero que no rechazan de plano. Sobre la base de ese relativismo moral cualquier discurso de un “nunca más” no es más que palabra hueca.
9. De otra parte, por ello, no resulta quizás asombroso constatar que la aplicación de torturas y malos tratos continúa siendo una práctica cotidiana en nuestro país. Los sectores más afectados hoy son los reos en las cárceles, los jóvenes en situación de pobreza, los miembros de la etnia mapuche que luchan por sus derechos territoriales y los conscriptos que realizan su servicio militar, siendo Antuco la más brutal de sus evidencias.
Si bien en la actualidad la tortura ya no es aplicada en forma masiva y sistemática como sucedió durante la dictadura de Pinochet, hasta el momento los poderes del Estado no han tomado ninguna medida realmente efectiva para evitar que una situación similar se pueda repetir en el futuro. La impunidad de que siguen gozando los torturadores de ayer resta gravedad en el imaginario social a un delito reconocido por la comunidad internacional como crimen de lesa humanidad y alienta su reestreno.
10. Por lo mismo, como Comisión Etica contra la Tortura hemos orientados nuestros esfuerzos a la obtención de Verdad, Justicia y Reparación Integral para los sobrevivientes de tortura durante la dictadura y a denunciar la tortura actual. No obstante el avance que ha significado colocar el crimen del a tortura ante la opinión pública, la formación de una Comisión de Verdad establecida el 2004, la CECT considera inaceptable la exclusión de varias decenas de miles de víctimas de la tortura que no han sido consideradas por la acción gubernamental. Por ello, solicitamos la apertura de una Comisión Nacional de Verdad, Justicia y Reparación Integral para todos los sobrevivientes de tortura en Chile, es decir, una comisión que acoja los testimonio y entregue reparación y justicia a todas las personas detenidas en las manifestaciones públicas, a quienes padecieron tortura fuera de los recintos oficiales de detención, a las víctimas que han fallecido, a los niños que fueron detenidos con sus padres o nacieron en cautiverio, a los extranjeros detenidos y torturados por el Estado chileno, a los chilenos torturados en el exterior en el marco de la Operación Cóndor y quienes fueron objeto de detención y torturas por menos de cinco días.
De otra parte, estimamos que las medidas reparatorias entregadas a la fecha son medidas paliativas, ya que no se responden a los principios de la reparación, restitución y rehabilitación establecidos en la normativa internacional, para un crimen tan grave como es la tortura. Cabe recordar que Chile tiene compromisos internacionales al respecto. La Reparación material, la Restitución y la Rehabilitación son componentes rectores de la Reparación Integral. Ello implica que el Estado debe hacerse cargo de todas las consecuencias que tiene la tortura en una persona y en su grupo familiar cercano, del daño estructural ocasionado a sus vidas, del estrés post traumático que hacen que nunca más esa persona pueda volver a tener “una vida normal”. Lo que logra la tortura es la ruptura de los proyectos individuales y sociales, tiene innumerables secuelas en la salud e incide en las esperanzas de vida; la tortura está a la base de la ruptura de los lazos de solidaridad y confianza; corrompe los afectos, porque finalmente la tortura lo destruye todo y lo pervierte todo. Por ello, el estado debe asumir su responsabilidad en la recuperación de la dignidad que les fuera arrebatada a de miles de hombres y mujeres en la tortura.
Finalmente, rechazamos la amnistía encubierta que aplica el Estado chileno al ocultar por 50 años los nombres de los torturadores. Solicitamos al Gobierno que entregue a los tribunales de justicia, la información recabada en los testimonios de los ex presos políticos, sobre los torturadores. Porque tenemos derecho a la JUSTICIA y para que nuestra sociedad y nuestros jóvenes respiren un tanto más de libertad.
Debe haber reparación moral, para los afectados y acciones que tengan que ver con la restitución del buen nombre de todos los que fueron estigmatizados y marcados. Así como también debe tomarse desde el Estado las medidas relativas a incluir en las mallas curriculares, la obligatoriedad de la enseñanza de los derechos humanos en todos los establecimientos educacionales del país. Solicitamos también, la adopción inmediata de medidas de prevención a la tortura y la realización de todas las acciones que apoyen el proceso de sanación en el tejido social.
Lo anecdótico de todo esto, es la esquizofrénica postura de nuestro país en los foros internacionales: desde 1995, cada año, la Misión Chile ante Naciones Unidas impulsa la firma de la Resolución que exige medidas reparatorias, medidas restitutivas y de rehabilitación obligatorias para los Estados donde se han cometido “violaciones flagrantes y graves atropellos a los derechos humanos”.
9. Finalmente, quiero remarcar la fuerza que tiene la Memoria y seguir alentando las acciones de este tipo; cuando la memoria avanza, la impunidad retrocede; cuando la memoria se toma los espacios, aprendemos sobre lo que hay de Verdad hoy y sobre lo que nos resta por conseguir para hacer menos esquiva la Justicia.
¡¡ NO A LA TORTURA,
A NADIE,
EN NINGUNA PARTE
Y EN NOMBRE DE NADA ¡!!
Seminario : MEMORIA Y JUSTICIA: la infame historia de la Escuela de las Américas.
12 de diciembre 2007, Universidad Academia de Humanismo Cristiano
[1] Mirone, Daniella. 2006. Violencia Política: Aproximaciones a una lectura etnopsicoanalítica de la tortura como experiencia traumática. En: Castalia, Año Octavo, Nº 11.
[2]El Mostrador, 15 de diciembre de 2006.
[3]Ibid.
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