La CAN (Comunidad Andina de Naciones) y los perros de la guerra

por Julio Sau ( juliosau@mi- mail.cl ).

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Los perros de la guerra han logrado frenar – sino impedir- la indispensable integración de América Latina para enfrentar la globalización en el siglo XXI. No es precisamente un hito memorable para los latinoamericanos, aunque puede causar jolgorio en el comando formado para una nueva reelección de Álvaro Uribe en la Presidencia de Colombia.

En el complejo y fatigoso proceso de la “siempre deseada y nunca alcanzada” integración latinoamericana, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) era hasta ahora la instancia que más había logrado avanzar en tal sentido en América del Sur. Sus logros, aunque modestos, aventajaban a los resultados obtenidos por el MERCOSUR, a pesar de la evidente superioridad objetiva y potencial de las economías nacionales de este último respecto de las de los países integrantes de la CAN.

El proceso de cambio político postneoliberal que vive hoy América del Sur y que tiene también expresión en Centroamérica se está viviendo en Bolivia y Ecuador con singular profundidad y densidad histórica. Y si a ello agregamos el impacto que tienen en la zona el proceso político venezolano y el liderazgo de Hugo Chávez, aunque Venezuela se haya autoexcluido de la CAN en fecha reciente, podremos dimensionar mejor la dificultad real de conciliar, en el seno de dicha instancia de una integración económica, pero que tiene evidentes alcances políticos, a países que viven procesos de cambios de signo claramente izquierdista con otros como Colombia, gobernado por un destacado cuadro político de la derecha latinoamericana, y Perú, cuyo Presidente intenta mantenerse en una posición equidistante de ambas tendencias. Pese a estas dificultades objetivas, la CAN seguía trabajando por la integración de sus países miembros y se aprestaba a iniciar, tras una larga espera, las negociaciones para un Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea.

La CAN era indudablemente, junto al MERCOSUR, una de las bases sobre las cuales se erigiría la proyectada integración de América del Sur en su conjunto, institucionalizada en la UNASUR que está- o estaba- dando sus primeros pasos. De manera que la operación bélica realizada por Colombia en territorio ecuatoriano, violando la integridad de sus fronteras y la soberanía de Ecuador con el propósito de asestar un golpe a las FARC, interrumpe en forma traumática todo el complejo proceso de integración sudamericana y latinoamericana y abre profundas interrogantes sobre su viabilidad futura. Y aunque cabe la posibilidad de que ése no fuera uno de los objetivos inmediatos de la acción armada colombiana, puede constituirse a la larga en su efecto de mayor y más perversa dimensión histórica. Los perros de la guerra han logrado frenar – sino impedir- la indispensable integración de América Latina para enfrentar la globalización en el siglo XXI. No es precisamente un hito memorable para los latinoamericanos, aunque puede causar jolgorio en el comando formado para una nueva reelección de Álvaro Uribe en la Presidencia de Colombia y – con razones de mayor proyección- en las oficinas del Departamento de Estado y de la Dirección Nacional de Inteligencia del gobierno de los Estados Unidos bajo la conducción neoconservadora y belicista de George Bush Jr.

Tras la meditada y bien planeada incursión bélica de tropas colombianas en territorio ecuatoriano subyacen estrategias políticas nacionales e internacionales, visiones diferentes y hasta contrapuestas sobre las características de la evolución política de la región y doctrinas
elaboradas para enfrentar, en cualquier contexto geopolítico o etapa histórica, a grupos a los cuales se decida calificar como terroristas, sin que exista consenso internacional sobre las características que justifiquen tal calificación ni sobre los procedimientos que deban utilizarse para configurarla. Finalmente, pero no al último, le correspondía a los demás países de la región, a la OEA y a las demás instancias de cooperación política del área recordar la existencia y vigencia de los principios de Derecho Internacional que permiten la coexistencia civilizada y pacífica de las naciones latinoamericanas Veamos con alguna detención ejemplos de lo afirmado:

1) Estrategia política del gobierno de Uribe-

En el caso del gobierno de Álvaro Uribe, la situación es bastante clara. Desde su elección en 2002, Uribe tiene como objetivo de mediano plazo la derrota militar de las FARC y como meta final el término definitivo de la guerra que durante ya casi medio siglo ha ensangrentado a Colombia y ha producido la huida masiva de colombianos hacia los países fronterizos como Ecuador y Venezuela. El fracaso de las negociaciones realizadas por gobiernos anteriores con la guerrilla y su convicción de que no es relevante ni funcional para su propósito atender a las causas sociales que han dado lugar a la lucha armada en Colombia han sido los factores que han determinado lo esencial de su estrategia. Y si a ello le agregamos la incidencia de los Planes Colombia y Patriota y de la asistencia militar y ayuda económica del gobierno norteamericano- cuyo propósito declarado es la cooperación para el combate al narcotráfico, pero que se confunde fácilmente con los objetivos políticos en un país en que no resulta fácil distinguir la política de la parapolítica ni de la narcopolítica- tendremos un bosquejo aproximado del marco en el cual el Presidente de Colombia toma sus decisiones, las que persiguen la pacificación del país mediante la derrota militar de la guerrilla, todo ello con el total apoyo del gobierno norteamericano.

El creciente desprestigio de las FARC debido a su más que condenable utilización del secuestro de civiles, preferente pero no exclusivamente dirigentes políticos, como instrumento de negociación con el gobierno colombiano se había venido manifestando en el último tiempo mediante una creciente repulsa internacional y a través de una impresionante movilización del pueblo colombiano. Ello motivó que las FARC buscaran apresuradamente mediadores que les permitieran liberar a una parte de sus rehenes guardando un cierto decoro político y sin poner condiciones. No sin dificultades que hicieron temer por el éxito final de la operación, dicho rol de intermediario fue desempeñado por el Presidente Hugo Chávez, quien emergió de la primera entrega de rehenes como un factor clave en la política colombiana y regional, reduciendo el papel del Presidente Uribe a su mínima dimensión.

Tomando conciencia de los costos de lo anterior, Uribe puso todos los obstáculos posibles para el éxito de la segunda entrega de rehenes, la que a pesar de todo resultó exitosa. Pero en ese momento concluyó, probablemente, que una tercera entrega que incluyera a Ingrid Betancourt implicaría un altísimo costo para sus pretensiones de reelección, ya que con ello las FARC recuperarían parte del prestigio perdido y Hugo Chávez reforzaría su liderazgo en términos inaceptables tanto para él en lo personal como para el gobierno de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, se reforzaría la opción del opositor Polo Democrático, que aspira a poner fin a la guerra interna mediante la negociación política.

No era el único en percibir el estado de la situación. Creyendo que la participación del gobierno francés de derecha de Sarkozy, aliado estrecho de los Estados Unidos en Europa y el reemplazo del intermediario- poderoso pero demasiado conflictivo- por un Presidente de izquierda respetado y discreto, como Rafael Correa, podían crear las condiciones políticas y de seguridad indispensables para la entrega de Iris Betancourt y otros rehenes, la dirección de las FARC fue desarrollando paso a paso la compleja operación, para cuyo desarrollo montó un campamento cercano a la frontera colombiano-ecuatori ana, pero dentro del territorio de Ecuador. Desde allí conducía la operación el Comandante Raúl Reyes. Horas antes de una reunión con dos emisarios del gobierno de Francia, los que fueron advertidos justo a tiempo de que no debían viajar al lugar de encuentro pactado por el Comisionado para la Paz de Colombia, se produjo el primer bombardeo del campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, el que fue seguido de una segunda incursión de helicópteros artillados y de infantería aerotransportada, cuyo resultado final fue el exterminio de 21 guerrilleros de las FARC, entre ellos el Comandante Raúl Reyes, cuyo cuerpo fue llevado a Colombia por las tropas de dicho país. La tercera entrega de rehenes había sido abortada, las FARC habían sufrido un golpe de gran envergadura, los gobiernos que habían participado en las negociaciones con las FARC para fines humanitarios empezarían a ser cuestionados por dialogar con “los terroristas”( los mismos con los cuales otros gobiernos colombianos habían negociado durante años) y había llegado el momento de enfrentar “el paisaje después de la batalla”, es decir, los costos de la operación. La estrategia sería pasar a la ofensiva… contra Hugo Chávez, sembrar la sospecha de la eventual tolerancia del gobierno ecuatoriano sobre la ubicación del campamento de las FARC y esgrimir en su favor el decidido apoyo del gobierno de George Bush, que mostraba de esta manera su superación casi total del síndrome de déficit atencional hacia la región.

2) Doctrina y estrategia del gobierno de los Estados Unidos

El gobierno de Álvaro Uribe no se habría atrevido a realizar una flagrante violación de la norma de inviolabilidad de las fronteras nacionales de un país vecino y miembro de la CAN sin la convicción de que contaba con el pleno apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Desde luego que dicho apoyo en lo tecnológico-militar resultaba indispensable para el éxito de la operación. Pero más importante que ello era el apoyo posterior ante la avalancha de críticas que era esperable en el concierto latinoamericano. Y hay que reconocer que ello ha sucedido en forma veloz y rotunda, ya que desde el propio Presidente Bush, los funcionarios correspondientes del Departamento de Estado y el representante de Estados Unidos en la OEA se han sucedido en expresiones de apoyo total al gobierno colombiano.

La razón de fondo que subyace tras este apoyo y tras los Planes Colombia y Patriota es el temor cerval a una “izquierdizació n tipo chavista o populista” en la Sudamérica Andina. Debilitar a Hugo Chávez y si es posible desestabilizar su gobierno es la nueva obsesión de Washington, la que está progresivamente reemplazando la llamada “obsesión cubana”, que se ha ido difuminando por el paso del tiempo, el envejecimiento y renuncia de Fidel y el cambio del contexto histórico en América Latina. Y en el área andina, los países-problema en este sentido son claramente Ecuador y Bolivia, de modo que no se descartan acciones menores que entorpezcan los procesos de cambio en dichos países. Y esta era una buena ocasión de hacerlo en Ecuador.

El fundamento “doctrinario” del apoyo norteamericano a la operación bélica colombiana en territorio ecuatoriano es, desde luego, la conocida “doctrina” del preemptive strike, o guerra preventiva en contra del enemigo terrorista esbozada por George W. Bush en la academia militar de West Point el 1 de julio de 2002. Golpear primero al enemigo dondequiera que este se encuentre es la divisa, que destruye obviamente las bases jurídicas de la comunidad internacional civilizada. Pero ese es el fundamento preciso de la acción armada colombiana en territorio ecuatoriano. Y así lo acaba de confirmar el propio Presidente Bush.

3) Ecuador como país agredido y la OEA

La comedida reacción inicial del Presidente Correa, que actuando de buena fe había dado crédito a la versión trucada que le dio el Presidente Uribe sobre la agresión militar al territorio ecuatoriano fue reemplazada por una indignada reacción de quien resulta sorprendido por el Primer Mandatario de un país vecino con el cual no existen conflictos de consideración. Y sus pasos posteriores han sido firmes y propios de un estadista que está dirigiendo un profundo proceso de transformaciones económico sociales en su país. Dirigiéndose con rapidez hacia los Presidentes de países amigos como Brasil, Chile, Argentina, Bolivia y Perú, y luego a todos los demás países latinoamericanos, el Presidente Correa ha invocado las normas del Derecho Internacional que protegen la soberanía nacional, la inviolabilidad de las fronteras y los derechos humanos y ha presentado al Consejo Permanente de la OEA un proyecto de resolución que condena la agresión armada a su territorio, crea una Comisión Observadora para establecer los hechos en el lugar del ataque armado y convoca a una reunión de Cancilleres de los países miembros de la OEA. Al momento de terminar la redacción de este artículo, la reunión del Consejo Permanente no había finalizado y aunque la mayoría de los delegados había condenado la agresión, con las obvias excepciones de Colombia y los Estados Unidos, no se había acordado propiamente una resolución de la OEA, que tiene ante sí un desafío enorme: servir de instrumento de pacificación y de sanción al agresor en un conflicto entre países miembros, ya que si lo logra sería la primera vez que ello ocurriera.
7/3/2008