Dirigentes sindicales no son interlocutores ante los empresarios

Más allá de los anuncios de la Presidenta Michelle Bachelet que realizó el 21 de mayo pasado en relación a proteger a los dirigentes sindicales y la negociación colectiva, y del llamado del ministro del Trabajo y Previsión social, Osvaldo Andrade a los empresarios “a no temer a estas organizaciones de trabajadores”, la realidad vuelve a golpear las puertas de la Moneda y del edificio de Huérfanos con Teatinos, más de 200 denuncias se han interpuesto en el último tiempo en contra de las prácticas antisindicales por parte del empresarios chilenos.

Un ejemplo de ello han sido las agresiones que se han extendido al plano delictual. El presidente del sindicato Padre Hurtado de la firma Express, Marco Jiménez, fue secuestrado por un grupo de individuos que lo mantuvieron retenido dentro de un taxi sin patente donde lo golpearon, amenazaron con atentar contra su familia, revelando conocimientos precisos sobre su esposa e hijos, y abandonándolo más tarde en Camino a Melipilla. Antes, otro dirigente Germán Martínez, fue secuestrado al interior de la empresa Alsacia y forzado a firmar su renuncia a su condición de dirigente sindical.

Estas denuncias realizadas por los mismos dirigentes sindicales, han puesto de manifiesto que el empresariado nacional no escucha a la mandataria, sino, aplica acciones que sólo se conocían cuando en Chile actuaban los aparatos represivos de la dictadura de Pinochet.

El secuestro de dirigentes sindicales, trae a la memoria, el vil asesinato del dirigente de la ANEF Tucapel Jiménez, quien fue asesinado utilizando las mismas acciones que se están denunciando.

"EN COLOMBIA ESTAS CUESTIONES TERMINAN RESOLVIÉNDOSE CON LA MUERTE DE DIRIGENTES"

Las denuncias fueron ya realizadas al ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, pero hasta el momento no se ha sabido respuesta de ellas, ni pública ni privadamente.

Si el Ejecutivo no pone atención y actúa en consecuencia sobre las denuncias de los dirigentes sindicales, organizaciones políticas y sociales en Chile podremos ver en ei corto plazo el asesinato de líderes sindicales como sucede en Colombia, donde son cientos los sindicalistas exterminados por banda de paramilitares que son financiadas por empresarios.

En una carta a Pérez Yoma, el encargado sindical del Partido Comunista de Chile, Jorge Insunza, manifestó que las fiscalías respectivas no han actuado ante las denuncias. “Peor aún, -dice el líder comunista- el sr. Alberto Haddad, de nacionalidad colombiana, Gerente General de una de las empresas del Transantiago, en una reunión con dirigentes sindicales en medio de la discusión expresó: "En Colombia estas cuestiones terminan resolviéndose con la muerte de dirigentes o con mi muerte”.

Las amenazas han llevado al secuestro y a las golpizas de trabajadores sindicalizados, no solo en el sector del transporte, sino también en otras actividades económicas, como es el seguimiento y filmación de las actividades de dirigentes sindicales y sus asociados.

Los conflictos laborales son resguardados por leyes internacionales y de hecho son un derecho de los trabajadores para obtener mejoras laborales. Pero la visión de un sector importante del empresario sobre los conflictos laborales no puede ser tolerada. El Gobierno y la justicia deben poner fin a esta escalada de agresiones al movimiento sindical.

En situaciones como esta, el Gobierno debería ponerse en acción para resguardar los derechos de los trabajadores y de sus dirigentes. Es deber del Estado velar por el bien común y todos los ciudadanos y en especial el ministerio del Interior quien es el encargado de cuidar la seguridad de chilenos y chilenas.

El señor Pérez Yoma debería recordar que la Presidenta Bachelet instruyó el año pasado a todos sus ministros que "no quería ningún muerto más en su gobierno", en clara alusión al trabajador forestal, Rodrigo Cisternas, quien fue abatido por la policía el año pasado en el sur del país cuando participaba de una huelga legal.

El Gobierno deberá tomar medidas para escuchar el clamor popular sobre el tema de la educación, pero también deberá poner oídos a las denuncias sobre los empresarios que quieren colombianizar las ya deterioradas relaciones empresario-trabajadores, sino lo hace, lo más probable que situaciones como las descritas podrían escaparse de las manos.

Por Iván Gutiérrez Lozano “Crónica Digital”