Diario "La Nación"
Este
permite mostrar que las tomas de colegios y las marchas de los
estudiantes son la expresión de una exigencia que no puede ser leída
sólo como un reclamo por una educación con lucro o sin él, sino como
un problema de fondo. Que el Estado tenga un rol primario o secundario
en la educación, y que exista o no selección en el sistema escolar es
parte indudable de la discusión, pero lo trascendente es que la
demanda estudiantil representa un malestar con el proyecto de sociedad
y con el ideal moderno que tiene acuñada la educación, referida a
fomentar la movilidad social y, por ende, el progreso.
La educación ahora no está cuestionada por su cobertura ni por su
facultad de formación, sino por ser un ente de reproducción de
diferencias sociales, económicas y culturales entre clases sociales.
Tal cuestionamiento obliga a las autoridades a reflexionar para
revertir la situación. Es así que una ley educacional no debería tener
como única función el proveer de un marco regulatorio para garantizar
una educación de calidad para todos, sino que debería tener entre sus
funciones el ser un instrumento para construir un nuevo proyecto de
sociedad, con el cual disminuir las asimetrías sociales. Si en su
época, la denominada Ley de Instrucción Primaria Obligatoria (LIPO)
contuvo el reclamo mayoritario de su ciudadanía, puesto que poseer un
pueblo sin educación traería el estancamiento económico, político y
espiritual del país; ahora la ley educacional que busque superar la
LOCE debería portar también la actual exigencia ciudadana, relativa a
fabricar un nuevo proyecto de sociedad acorde al bicentenario de la
nación, donde la educación juegue un rol vital en preparar a seres que
estén capacitados para aportar en el desarrollo y el crecimiento
económico del país. Donde la educación sea vista como un espacio para
el desarrollo personal, más que como una entidad de reproducción de
las desigualdades estructurales.
Para entregar una herencia a las futuras generaciones de estudiantes,
el debate de la educación y su marco regulatorio debería estar situado
en el proyecto de sociedad y de individuo para asegurar un sistema
educativo con oportunidades iguales para todos y con posibilidades
reales de poseer una movilidad en la estructura social chilena.
René Aguilera Barraza, sociólogo, Magíster en Antropología y docente
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