La ortodoxia frente a Argentina

Por Roberto Pizarro "El Mostrador"

La prensa económica y el duopolio de las comunicaciones se han esforzado en instalar la idea que la política económica de los Kirchner ha resultado un fracaso. Ello responde al rechazo de los grupos económicos locales y transnacionales frente a la emergencia de políticas heterodoxas, las que no sólo caracterizan a Argentina sino que, con la crisis en curso, han renacido en los propios países desarrollados.

Me parece una responsabilidad cívica mostrar desde otra óptica lo que ha sucedido en los últimos años en la economía argentina habida cuenta del carácter estratégico de las relaciones estatales con nuestro vecino, pero también considerando los fuertes intereses inversionistas de los propios empresarios chilenos en Argentina.

El gobierno de Menem condujo a Argentina a una tragedia social y económica sin precedentes, con aguda disminución de la actividad productiva, inmanejable endeudamiento internacional, fuga masiva de capitales al exterior y una pobreza vergonzante, que incluía las calles del hermoso centro de Buenos Aires.

El gobierno del Presidente Duhalde realizó denodados esfuerzos para salir de la crisis, pero en realidad fue el Presidente Kirchner el que sentó las bases de la recuperación económica argentina.

A partir del Gobierno de los Kirchner, el crecimiento económico ha promediado un 8% anual desde el 2004 al 2008[1][2], con un superávit fiscal primario que no baja del 3% anual[2][3], un superávit de la balanza comercial de US$ 10.000 millones cada año desde el 2003 a la fecha y con un record de US$ 72.406 millones de exportaciones en 2008[3][4]. Con esos indicadores, la deuda argentina se ha reducido desde el 150% del PIB a menos del 50% en el 2008[4][5], lo que incluye el pago completo de los compromisos con el FMI. Aunque se oculte esta realidad, se trata de indicadores exitosos, y así lo debieran reconocer los macroeconomistas neoliberales.

Pero donde la ortodoxia se incomoda muy especialmente es con la política cambiaria activa, administrada según las devaluaciones que se presentan en los socios comerciales, lo que precisamente ha servido para recomponer la balanza comercial.

Más importante aún son los resultados de la política pública argentina en el ámbito social. En efecto, la pobreza que generó Menem y que alcanzó el 55% en el 2003 se redujo a sólo el 24% en el 2008[5][6]. Ello ha sido posible gracias al reestablecimiento de la negociación colectiva, con las denominadas paritarias, que obligan a revisar los salarios cada seis meses en las relaciones entre empresarios y sindicatos.

Ha sido precisamente el fortalecimiento de la negociación colectiva lo que ha permitido el aumento de la participación de los asalariados en el ingreso desde el 34.7% en 2003 al 43.9% en 2008[6][7], mientras el desempleo se redujo desde 33.8%, en el peor momento de la crisis a sólo el 7.5% en 2008[7][8]. Estas cifras son envidiables miradas desde la pésima distribución del ingreso existente en Chile, pero imagino que preocupante para esa ortodoxia que se ha obsesionado con desproteger a los trabajadores imponiéndoles la flexibilización laboral.

También la política pública argentina ha impulsado modificaciones estructurales de envergadura, como es el retorno al sistema de pensiones por repartición ya que, al igual que en Chile, la capitalización individual entregaba pensiones insatisfactorias y obligaba al Estado a subsidiar las jubilaciones. Además, la re-estatización de los servicios de agua potable, con una política de subsidios al agua, electricidad y transporte ha permitido mantener el poder adquisitivo de las personas con menores recursos. Finalmente, el aumento del gasto público en educación, acordado por ley federal[8][9], ha aumentado paulatinamente su financiamiento para alcanzar la meta de 6% del PIB, para el año 2010, indicador sugerido por la propia UNESCO como necesario para el mejoramiento de la calidad.

Una macroeconomía con resultados exitosos, junto a una política social de protección de los trabajadores y de disminución de la pobreza, ha sido acompañada por inversiones en infraestructura de envergadura. En efecto, han aumentado sustancialmente las inversiones públicas en transporte, escuelas, hospitales, viviendas. Ello ha sido favorecido con la estatización de Aerolíneas Argentinas y una fuerte inversión pública para el desarrollo de los ferrocarriles.

Por cierto incomoda a la ortodoxia económica la política de precios regulados para los alimentos básicos, tales como la carne y arroz, entre otros. Como también molesta al pensamiento dominante el aumento de las "retenciones" (en sentido estricto, impuestos a las exportaciones) o cuotas de exportación a la carne, leche, trigo, soja, maíz, sorgo, medidas que apuntan a desvincular los precios internos de los externos, para redireccionar ingresos hacia otros sectores.

Así como es un error calificar al peronismo de fascismo, hay que entender la complejidad de la vida política argentina, caracterizada por una compleja burocracia, clientelismo político, el poder de las regiones y con realidades institucionales muy distintas a las nuestras. Argentina no es Chile, pero hay que respetarla y entenderla. Más allá de nuestras diferencias institucionales, políticas y culturales, Argentina es nuestro vecino más importante, uno de nuestros principales socios comerciales y en su territorio radica la mayor parte de nuestras inversiones.

Es un grave error mirar la política económica argentina con los parámetros chilenos. Es por ello que la ortodoxia se equivoca cuando viene anunciando reiteradamente una nueva debacle económica, independientemente de la crisis mundial. Esos críticos debieran tener en cuenta que las reservas argentinas son hoy día US$ 46.605 millones[9][10], cifra a la que se agregan los US$ 30.000 millones de los fondos de pensiones, administrados ahora por el Estado.

En suma, más allá de la situación política argentina, marcada por duros enfrentamientos, que parecen haber afectado al kirchnerismo, lo que constituye una realidad insoslayable es el asentamiento de una nueva estrategia de desarrollo en el país vecino que recupera la posición negociadora de los trabajadores, favorece el progreso social y despliega una política económica heterodoxa que a la fecha ha sido exitosa.