por Mireya GarcíaNo fue el “diablo el que metió la cola”, como señaló el Ministro Viera Gallo, sino su propia negociación con la derecha, por demás innecesaria e inconducente al logro de fines esenciales del Instituto de Derechos Humanos.
Ceder a la presión de la derecha para eliminar la facultad de deducir querellas y ejercer las demás acciones legales en crímenes por genocidio, de lesa humanidad y de guerra -como fue aprobado en la Cámara de Diputados- a cambio de la creación de una Comisión que califique casos de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y prisión política y tortura, es la negociación más torpe a que nos hemos enfrentado.(Ver más)
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No fue el “diablo el que metió la cola”, como señaló el Ministro Viera Gallo, sino su propia negociación con la derecha, por demás innecesaria e inconducente al logro de fines esenciales del Instituto de Derechos Humanos.
Ceder a la presión de la derecha para eliminar la facultad de deducir querellas y ejercer las demás acciones legales en crímenes por genocidio, de lesa humanidad y de guerra -como fue aprobado en la Cámara de Diputados- a cambio de la creación de una Comisión que califique casos de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y prisión política y tortura, es la negociación más torpe a que nos hemos enfrentado.
Sabido es que tal Comisión puede ser creada por Decreto Presidencial y para ello solo basta la voluntad y decisión de la Presidenta de la República, la que ha manifestado permanentemente su adhesión a la creación de una instancia que asuma la calificación de los casos no denunciados anteriormente.
O sea, a cambio de la Comisión calificadora de nuevos casos, INNECESARIA como tarea del Instituto, se desprovee a éste de su esencia, cual es la facultad de realizar acciones judiciales.
En relación al Programa de Derechos Humanos dependiente del Ministerio del Interior, se aseveró que dada la “negativa de la derecha para conceder facultades de querellarse al Instituto”, éste quedaría fuera, bajo la misma dependencia actual. Y aquí se centra el gran engaño, ya que si todas las competencias, atribuciones y facultades del Programa -según el proyecto aprobado en el Senado- pasan al Instituto, la nueva normativa derogaría tácitamente al programa de Derechos Humanos dependiente del Ministerio del Interior.
Pero, no es todo, ya que la principal atribución del Programa, desde el punto de vista penal, que es hacerse parte en los procesos criminales relacionados con violaciones a los derechos humanos, queda FUERA del Instituto, anulándose la figura del “tercero coadyuvante”, que es la figura a través de la cual el Estado defiende judicialmente a las víctimas, como ordena la legislación internacional.
Otra concesión a la derecha es la de calificar casos de violencia política que no tienen la condición de ser violaciones a los derechos humanos, entendido el concepto como la acción represiva o criminal del Estado contra los ciudadanos.
Así, nuevamente se intentan combinar situaciones que nos “igualen”, pero conceptual y moralmente no son equiparables.
Así tenemos un Instituto de Derechos Humanos que no podrá ejercer acciones judiciales, un Programa de Derechos Humanos sin facultades y a las víctimas sin quien las defienda.
En el tercer trámite legislativo se espera el rechazo de toda la Concertación o directamente el veto presidencial a un proyecto estrella del Gobierno que se fue desdibujando con negociaciones innecesarias e inconducentes.
Mireya García
Dirigente de Derechos Humanos
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