Herrera, Jefe de Investigaciones

Herrera fue el primer jefe de Investigaciones designado en democracia que
facilitó el retorno del ex general Paredes a los actos oficiales de la institución.

Atendiendo a sus oscuros antecedentes –que se arrastran desde que estuvo al
mando de la Escuela de Caballería de Quillota en 1973, donde ocurrieron
ejecuciones políticas-, tanto Horacio Toro como Nelson Mery prefirieron
apartarlo del protocolo institucional.

Hubo un segundo gesto de Herrera hacia Paredes.
En febrero del año pasado elactual jefe policial reabrió el cuartel de Papudo,
que había sido cerrado enla administración Toro. En la decisión pudo haber
influido un hechopersonal: tras su designación, Herrera compró un departamento en Papudo
que aún conserva.

El manto de la Masonería

Tras el fin del gobierno militar, Arturo Herrera ascendió en una carrera
académica sin sobresaltos. A fines de los ’80, como vivía en La Florida e
ingresó al Instituto Superior para optar al grado de subprefecto, fue
destinado en media jornada a la comisaría de esa comuna.
Después seguiría encargos académicos hasta que, en 1997, fue
designado director de la Escuela de Investigaciones y tres años después quedó
al frente de la Academia Superior de Estudios Policiales, ASEPOL.
Ambas designaciones fueron interpretadas como una jugada que Nelson Mery,
ex director de la policía, ejecutó para preparar el ascenso de su sucesor a la
dirección, lo que obligó al retiro de los siete mandos que lo antecedían.
Ambos compartían filiación en la  Masonería.

 Arturo Herrera pertenece a la Logia “Lealtad Nª 156?. Fue allí donde hizo
amistad con el abogado Andrés de la Maza, esposo de la ministra Gloria Ana
Chevesich, fallecido en 2004. Una relación que le provocó más de un llamado
de atención desde La Moneda en tiempos de Ricardo Lagos, cuando se supo de
reuniones que ambos sostenían en el momento más álgido del proceso por las
irregularidades en el ministerio de Obras Públicas.

 
Cuando Herrera llegaba a la reunión del grupo en la casa de la Masonería de
calle Marcoleta, dejaba sus presillas y reconocía el liderazgo de Andrés de
la Maza. El ex esposo de la jueza Chevesich ostentaba el grado de maestro y
era secretario de la Logia.

 La masonería ha seguido gravitando en el alto mando de Investigaciones. Los
dos subdirectores de la institución, René Castellón y Luis Alarcón Adrián
(segundo y tercero en el mando) son también masones. Pero no solo comparten ese
lazo férreo y secreto. También una historia en común.
Castellón perteneció a la Brigada Especial, la fuerza de elite que Fernando
Paredes creó en 1982 para combatir la “amenaza subversiva” y cuidar de la
ersonal del director y su familia. En esos mismos años duros
Alarcón formó parte de la Brigada Investigadora de Asaltos, BIA, la otra
fuerza creada para ayudar al combate a la subversión, en estrecho contacto
con la CNI. Desde entonces Alarcón es cercano al ‘Chueco’ Oviedo, ex jefe
de la BIA a quien le DEA acusó de tráfico de cocaína, lo que no fue impedimento
para que llegara al tercer mando de la institución en democracia.

Puede que su antigua amistad con Herrera, iniciada en la Comisaría de Las
Condes en 1978, justifique el meteórico ascenso de Alarcón. Apenas Herrera
llegó la dirección de Investigaciones, lo nombró jefe de gabinete. De allí
pasó a la jefatura nacional de Inteligencia y luego a inspector general. Hoy
es subdirector administrativo y controla un área tan sensible como las
finanzas de Investigaciones. Y todo eso en cinco años.

 Las complicidades por el pasado no terminan ahí en el alto mando policial.
La cuarta antigüedad, Óscar Gutiérrez, jefe de la Región Policial
Metropolitana, integró también la Brigada Especial de Paredes. Lo mismo
ocurre con el actual jefe de Inteligencia, prefecto inspector Héctor Puga,
quien ha permanecido gran parte de su carrera en esta área, pasando sin
contratiempos desde la dictadura a la democracia.

 Y en el estratégico cargo de Jefe Nacional de Comunicaciones figura el
prefecto Carlos González, quien fuera uno de los escoltas favoritos del
general Fernando Paredes.

 
La influencia de este grupo en el mando es el que ha posibilitado que uno de
los detectives vinculado al asesinato del estudiante de Periodismo Eduardo
Jara a manos del Covema, José Marchant, sea hoy instructor del curso
especial que creó Arturo Herrera para alumnos que teniendo una carrera
profesional han optado por insertarse como oficiales de la policía.

 
Todo eso es pasado. Para Herrera, que a los 57 años se acerca al fin de su
mando, lo único que importa es la elección de presidente de la INTERPOL.
Cinco meses lo separan de la meta.

 Arturo Herrerra y los derechos humanos

 Desde sus primeros pasos en la dirección de la Escuela de Investigaciones,
Herrera decidió dictar clases de Ética y también de Derechos Humanos, cursos
que sigue impartiendo hasta hoy. Su decisión respecto del segundo curso
causó extrañeza entre quienes lo conocen bien. Y es que el caballo de
batalla de Herrera ha sido siempre la modernización, en una línea de acción
que implicó, desde que asumió la dirección de Investigaciones el 2 de
octubre de 2003, reducir a su mínima expresión la dotación y los recursos
destinados a terminar las investigaciones judiciales de los crímenes
cometidos en dictadura.

Si bien la tarea había sido acotada por su antecesor Nelson Mery a un

pequeño equipo de excelencia, su decisión significó desarmar al equipo

policial con la mayor experiencia, conocimiento y rigurosidad alcanzado por

un país del Cono Sur en la materia una vez terminadas las dictaduras. Y lo

hizo en la fase más delicada del proceso, el momento en que los ministros

con dedicación exclusiva a juicios de derechos humanos asumían el fin de sus

investigaciones para determinar con exactitud cómo ocurrió el secuestro de

la víctima, su ejecución y el paradero de restos de desaparecidos así como

de los responsables de cada una de esas etapas y de su exhumación ilegal.

Era la etapa final, la de la preparación del cierre de los juicios para

dictar los procesamientos. Y en el medio, al menos cuatro juicios en pleno

desarrollo y con consecuencias relevantes para los institutos armados y para

el país. Esa fue la situación que debieron asumir el ministro Víctor

Montiglio, quien lleva el juicio por el secuestro y desaparición de la

dirección del Partido Comunista desde la casa de calle Conferencia; el

ministro Claudio Pavez, que investigaba la muerte del ex coronel de la DINA,

Gerardo Huber, implicado en el hasta ahora no aclarado enriquecimiento

ilícito de oficiales de Ejército por la venta de armas al exterior, entre

los que se cuenta el tráfico de armas a Croacia; el ministro Alejandro

Madrid, con el juicio por el secuestro y muerte del ex químico de la DINA,

Eugenio Berríos, y los cinco procesos laterales por asesinato de chilenos

con utilización de armas químicas, lo que incluye la investigación de la

muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva; y el proceso que sigue en

Valparaíso la jueza Eliana Quezada por el asesinato del sacerdote Michael

Woodward, que por primera vez llevó a prisión a altos oficiales en retiro de

la Armada.

La preocupación de Herrera por el desarrollo del juicio en Valparaíso, que

constató judicialmente que en el buque escuela Esmeralda efectivamente se

torturó, lo que durante 34 años había negado la Armada, podría adjudicarse

a la incorporación de su hijo a la Escuela Naval. No así su actitud respecto a

la investigación de la verdadera causal de muerte de Frei Montalva.

Este último puede que sea el caso más controversial de todos para la

seguridad nacional del país. Y ello, porque además de tener como meta

dilucidar si efectivamente se utilizaron armas químicas para provocar su

muerte, la investigación del ministro Madrid está develando que durante la

dictadura Chile fabricó armas químicas, las vendió al extranjero y urge

saber su paradero actual. Fue el propio Pinochet quien firmó un tratado

internacional por el cual se comprometió a no fabricar esas armas prohibidas

por la ONU.

Aún así, el equipo que trabajaba en el caso se vio reducido a su mínima

expresión. Y fue el propio senador Eduardo Frei quien debió apelar a su

cooperación en entrevista personal para que las pesquisas no se debilitaran.

Cuando el ministro Alejandro Madrid pidió a Uruguay la extradición de los

tres militares de ese país vinculados al secuestro y muerte de Berríos,

Herrera no ocultó entre su grupo más cercano su rechazo a la decisión del

juez y su escepticismo. Y cuando finalmente la Corte Suprema uruguaya aprobó las
extradiciones, ocurrió un hecho insólito: Arturo Herrera coordinó

directamente con el Ejército el traslado y llegada de los inculpados,

pasando por alto al ministro Madrid, quien se enteró por la prensa que los

tres uruguayos ya estaban en Chile.

Un segundo hecho cuestionable ocurrió poco después de que el estudio

jurídico en el que trabaja el abogado Carlos Castro Vargas asumiera la

defensa de los militares uruguayos en la Causa 7.981 del 6º Juzgado del

Crimen. Nadie hasta hoy ha representado la incongruencia de que el abogado

Castro, contratado por Herrera como asesor jurídico personal e

institucional, además de hacer clases en la Escuela Policial, defienda a los

tres militares uruguayos procesados por el secuestro y muerte de Eugenio

Berríos y cuya complicidad con los mandos de Pinochet en la Operación Cóndor y otras
materias de seguridad nacional está comprobada.