
El candidato presidencial de los Socialistas Allendistas Jorge Arrate, pidió hoy al gobierno más protección a los trabajadores chilenos ante la crisis internacional que impacta fuertemente la economía nacional.
Para el ex ministro del Trabajo del gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, es evidente disminución de las exportaciones, retracción de la actividad productiva inmobiliaria, financiera y en los retail.
“Pero, sin duda, el impacto en el empleo constituye la expresión social más grave, ante la cual los empresarios y el Gobierno siguen entrampados en sus aparentes diferencias para enfrentar la crisis. Así las cosas, si la desocupación en el 2009 alcanza el 12%, el número de cesantes subirá de 543.000 a 900.000 y nuevamente pagarán la farra de los más ricos”, apuntó el también abogado.
Para el magíster en economía, “el comportamiento de la banca y las medidas del Gobierno tampoco aseguran una salida efectiva a la crisis ni la recuperación del empleo. Por el contrario, el actuar de la banca está acelerando la crisis con la elevada tasa de interés del Banco Central y con el alto costo del crédito de la banca comercial a los empresarios, con exigencias de garantías inaceptables, en especial a los pequeños empresarios”.
En tanto, el Gobierno –dijo Arrate- ha destinado recursos para sostener la actividad productiva, por ejemplo a las salmoneras, sin un control que garantice su efectiva aplicación. El gobierno debe garantizar que los recursos de salvataje para disminuir los efectos del despilfarro financiero, lo pagarán los que se prestaron para eso. Por tanto, los empresarios y bancos que reciban apoyo estatal deben responder al Estado con garantías acordes. No hay que olvidar que el apoyo para recuperar la actividad económica se hace con dinero de los contribuyentes que en Chile, mayoritariamente, son personas de clase media.
Otro que no se hace cargo es nada menos quien pretende dirigir los destinos de Chile. El empresario candidato Sebastián Piñera. Experto en especulaciones financieras en la bolsa chilena y en Wall Street, no garantiza transparencia para defender a los trabajadores, consumidores y pequeños empresarios de la crisis en curso. Es más bien parte de los responsables de ella.
“Los ciudadanos tenemos la obligación - sostuvo Arrate- de hacer efectivos nuestros derechos y si se va a pagar la farra mundial y nacional con nuestras contribuciones, debemos saber cuándo y cómo se nos devolverá ese aporte. Si la autoridad no ha sido capaz de hacer bajar el precio del pan, pese a la disminución del valor del trigo, y tampoco responde por las pérdidas de las pensiones, es difícil que lo haga para detener los despidos masivos”.
Propuestas
2.1. Pymes
· Que el Banco-Estado se convierta en Banco del Estado. Vale decir deje de operar con lógica privada para que reduzca tasas de interés y garantías a pequeños empresarios. Con ello debiera arrastrar al resto de la banca. Y la CORFO debe ampliar las garantías para los préstamos a favor de los pequeños empresarios.
· Se requiere un Fondo para reprogramación de deudas previsionales de las Pymes.
· Regulación legal urgente del actual sistema en virtud del cual las grandes empresas explotan a sus proveedores Pymes (dilación en los pagos e imposición de precios expoliadores).
2.2. Trabajadores
· El subsidio gubernamental no sólo debe promover el empleo juvenil, sino asegurar el empleo los trabajadores actualmente contratados para evitar despidos.
· Todos los desempleados deben ingresar a un programa nacional de capacitación, garantizándoles una beca equivalente a la mitad de su salario. Ello debe hacerse con financiamiento compartido entre empresarios y el gobierno.
2.3. Control del dinero público
· Todo financiamiento estatal directo a empresas en dificultades (como las salmoneras) deberá exigir como contrapartida la presencia (control) gubernamental en los directorios de esas empresas, transparencia y límites a los salarios de sus ejecutivos y a los pagos a sus directores.
2.4. Acelerar inversión pública
· Multiplicar construcción de escuelas, centros deportivos en poblaciones, áreas verdes, hospitales, centros atención primaria y caminos interiores.
· Procedimientos sumarios especiales, adecuadamente supervisados, para tramitar gastos en obras públicas y vivienda para acelerar sus efectos.
2.5. Consumidores
a) Impuesto al IVA diferenciado, con 10% para alimentos y medicinas
· Sólo por el IVA al pan se recarga en US $500 millones al año. El IVA debe rebajarse al 10% para esos insumos y no hay actualmente ninguna dificultad para diferenciarlos en las cajas registradoras de los supermercados, tiendas, librerías y farmacias.
b) Revisión completa y urgente del mecanismo de fijación de la tasa máxima convencional de intereses
· En Chile se aplica por décadas una forma de calcular el límite legal de los intereses, que ha conducido a un valor usurario que llega al 58% anual.
· A eso se suma el cobro no regulado de comisiones y seguros en las tarjetas de crédito y la facultad de cobrar intereses sobre intereses, además de acelerar el cobro total de la deuda en caso de mora.
c) Legislar para dar un trato especial a las familias sobre-endeudadas,
sobre la base de consolidar sus deudas, reprogramarlas a largo plazo de acuerdo a sus capacidades reales de pago y asegurarles la no interrupción de los servicios públicos básicos: electricidad, gas, agua potable y teléfono.
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