La violencia de los “padres fundadores”.

por Osvaldo Torres G, Concejal PS, Miembro CC.

Las audaces palabras del ex jefe del Ejército han logrado reponer el tema de los derechos humanos en toda su dimensión.

Luego de 17 años de poner fin al régimen dictatorial, las FFAA no logran entender que los derechos humanos no son un arma política ni de la izquierda, ni del gobierno ni de potencia extranjera alguna. Los Derechos Humanos se han constituido en un fundamento de las relaciones sociales de cualquier sistema democrático y es esa la vara con la cual se deben medir los actos y los dichos.

Pero las FFAA tampoco han entendido, como otros tantos políticos, que la violación a los derechos humanos no son una cuestión del pasado. La pregunta que deben hacerse es: ¿Qué es el pasado si éste está presente constantemente en la vida política del país?. ¿Cómo es posible que se pretenda insistir en “olvidar el pasado” justamente por quiénes han hecho de la historia bélica del país parte de la historia nacional, de sus feriados, sus monumentos y sus ritos?. La respuesta posible sería que este pasado le haría bien al país porque nos une, nos da identidad y sentido de pertenencia a una misma comunidad; ahí esta ese pasado también presente cada 19 de septiembre, 21 de mayo o en las censuras teatrales.

Lo que le cuesta reconocer al Ejército y a las FFAA en general es que -como ahora lo reconoce Cheyre- fueron instigados por los “padres fundadores” a ejercer la violencia contra una parte de esa comunidad nacional; ejecutaron sin límites legales la idea de “refundar la nación” pero la dividieron al ponerse al lado de aquellos que hoy no quieren dar la cara. La violación de la Constitución democrática que –más bien que mal- también era parte de la identidad nacional del siglo XX chileno, así como lo es el edificio de La Moneda, son golpes que resquebrajan el sentido de unidad nacional. La demanda a tener un Ejército limpio de implicados en estos hechos y unidos por una doctrina democrática es el único camino para suturar la herida inflingida por aquellos padres.

Las violaciones a los derechos humanos ocurrieron hasta 1989 y la gravitación que aún tiene esa historia en el presente es porque no hemos sabido resolver ese pasado asumiendo las responsabilidades políticas, jurídicas, morales, colectivas e individuales. Hemos avanzado en el proceso mediante el cual se busca la verdad, que es permanentemente escamoteada por “documentos reservados”, “de seguridad nacional” o simplemente por ocultamiento (caso General Santelices, entre otros). Se han procesado a numerosos responsables de crímenes de lesa humanidad, pero hay muchos otros que siguen evadiendo la justicia. Pero lo que no se quiere entender, porque probablemente no se tiene aún una convicción democrática, es que no se trata de persecución ni venganza, simplemente de educación para el futuro, de lección aprendida para que quien vuelva a instigar la violencia inconstitucional o a ejecutarla tendrá la respuesta que merece, tarde o temprano.

Entonces cobra fuerza la pregunta sobre quiénes son esos instigadores, esos “padres fundadores” de una sociedad sometida a violentos cambios de forma sistemática durante 17 años. Sometidos a Tribunales sin encontrar amparo, sin sindicatos con los cuales defender un salario digno, con medios de comunicación presos de la censura o la sumisión entusiasta, o Universidades con rectores militares y estudiantes vigilados; con presos por disentir o luchar, sin salud pública decente o sometidos sin consulta a un régimen provisional perjudicial. Esos padres fundadores, el país lo sabe o intuye, son civiles poderosos que tienen los mayores ingresos y fortunas, que forman parte de la elite del país.

Este debate no terminará rápidamente, pues desmontar esas responsabilidades políticas y morales y señalarlas requiere de una sociedad y de dirigentes que comprendan que la política es el campo de la discusión, del debate sobre el pasado-presente y su futuro para construir consensos o dirimir las diferencias democráticamente. Pero lo que viene debilitando nuestro proceso democratizador es que los debates no se hacen o se hacen a medias y los acuerdos más que acuerdos semejan a renuncias a las promesas contraídas.

Es de esperar que esta coyuntura –media veraniega- no se desperdicie y se pueda abrir la discusión sobre las responsabilidades civiles en el período de violencia dictatorial. Incluida, entonces, la actitud del Estado y sus gobernantes respecto de aquellos que pretenden ser levantados como mártires de la democracia –como Jaime Guzmán-, cuando deben ser incluidos entre esos instigadores o “padres fundadores”.